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Por defensoresenlinea.com
Unos 15 observadores internacionales de derechos humanos, provenientes de Estado Unidos e integrados en la Alianza por la Justicia Global, permanecen en nuestro país desde el 27 de junio pasado, tiempo en el que se han desplazado por diferentes zonas en conflicto para constatar las graves violaciones a sus derechos que viven centenares de víctimas.
Parte de su estadía, la hicieron en la región del Bajo Aguán, identificados con una camiseta azul con el mensajes “Observador Internacional de Derechos Humanos”, permaneciendo cuatro días, allí escucharon los testimonios de 120 familias campesinas, sobre un desalojo por parte de policías, militares y guardias de seguridad de Erick Rivera, hijo de un hombre que dice ser dueño de la tierra, todos llegaron fuertemente armados “como para una guerra”, expresó la defensora Tania Kerssen.
Parte de la represión sucedida en la comunidad de Rigores, fue destruir al menos 114 viviendas, cultivos de coco, naranja, maíz, frijol, yuca, entre otros; seis aulas de clases y un kínder; seis proyectos de granjas avícolas y seis de sistema de riego; una iglesia católica y dos evangélicas; un centro comunal, además de matar a los animales que estaban en el lugar.
Kerssen explicó que la policía no portaba una orden de desalojo, lo cual quedó evidenciado cuando sus delegación se la solicitó, lo que llevaba era una denuncia interpuesta por el terrateniente Erick Rivera, que decía que unos campesinos fuertemente armados habían invadido parte de sus terrenos, pero sin ninguna orden destruyeron y quemaron los inmuebles.
Según testimonios de los aldeanos agrupados en ocho empresas campesinas situadas en esa localidad, ellos habitan esos predios hace unos 12 años y ya han sido víctimas desde mayo del 2000 hasta la fecha, de cinco desalojos, primero ordenados por Federico Rivera y ahora por su hijo Erick Rivera.
Este hecho, ya fue denunciado a las autoridades estadounidenses y está plasmado en el informe de la comisión de observadores de Derechos Humanos de la Alianza por la Justica Global, sobre la visita realizada a este país, que desde el golpe de Estado ha retrocedido en materia de derechos humanos.
Antes de retornar a su país de origen, la delegación se reunió con la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras COFADEH, Bertha Oliva, con quien dialogó acerca de la situación de los derechos humanos y cómo actúa esta institución ante las constantes denuncias agudizadas desde el golpe de Estado del 2009.
Oliva expuso que esta institución no puede defender o estar de acuerdo con los hechos ocurridos en el pasado. Para el caso sólo en 2010, COFADEH, registro 406 ejecuciones extra judiciales, lo que es una atrocidad, pues las formas de asesinatos llegaron al extremo de descuartizamiento. Además no se puede estar de acuerdo con la firma del acuerdo de Cartagena, cuando en medio del acuerdo, se están violando los derechos humanos. Aun hay personas en el exilio, y los violadores ya están atacando a sus familiares, les denunció.
Tal es el caso del joven Kelvin Andrade, (18) quien desapareció misteriosamente en la ciudad de Catacamas, Olancho, él es hijo de Dagoberto Andrade, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, quien por protestar pacíficamente fue criminalizado en agosto del 2009.
En la década de los 80, continuó Oliva, desapareció forzadamente Manfredo Velásquez Rodríguez y en el marco del golpe de Estado, fue asesinada su hermana Ilse, mientras participaba en una marcha magisterial en pro de sus conquistas.
Asimismo, otra víctima es la familia Fino, exiliada en la década de los 80 y en la primera semana del Gobierno de facto de Roberto Micheletti, uno de sus integrantes, el periodista Gabriel Fino Noriega fue asesinado por dos hombres que le infirieron siete impactos de bala, cuando salía de su noticiero donde denunciaba a los que apoyaron el golpe de Estado.
Con el golpe de Estado hemos sufrido un grave detrimento a la institucionalidad, dijo la coordinadora del COFADEH, “pues no queríamos que nunca más un hogar de Honduras viviera lo que nosotros vivimos en la década de los 80”.
Los miembros de la Alianza por la Justicia Global, además participaron en un plantón contra la militarización frente a la base militar estadounidense de Palmerola, donde los observadores solicitaron entrar a dicha instalación militar, por ser estadounidenses, pero las personas a cargo de la vigilancia dijeron que la base es hondureña y que lo que hay son con invitados de Estados Unidos, por lo que no podían ingresar.
Luego fueron gaseados junto a los manifestantes, que asistieron al Encuentro Internacional contra la Militarización, Ocupación y Represión en Honduras-Jornada Continental de Solidaridad con Honduras: Fuera Bases Militares Extranjeras -Basta de criminalización a los movimientos sociales, en La Esperanza, Intibucá , que se lleva a cabo del 26 al 28 de junio.
Los observadores le preguntaron a Oliva cuál era la realidad, ella aclaró que es una base de Estados Unidos, en la cual su gobierno está invirtiendo varios millones de dólares y que el Comando Sur estará permanentemente aquí.
Les explicó que para instalar esa base militar les quitaron las mejores tierras a sus pobladores por unos 500 lempiras y a otros que no aceptaron pagos, se las arrebató.
En los predios de la base militar de Palmerola, “no entran hondureños ni estadounidenses que no estén de acuerdo con ellos, por eso ustedes no entraron” enfatizó Oliva.
Al finalizar la reunión la defensora de los derechos humanos, les encomendó no dejen a Honduras sin los reflectores del mundo, que cada uno de sus ojos sean reflectores, ante los atropellos a los derechos humanos.
Además que demanden a su Gobierno que no envíe personas de doble discurso como Hugo Llorens, ex embajador de ese país, quien concluyó su período de tres años en Honduras el domingo pasado y será sustituido por Lisa Kubiske, nominada al cargo por el presidente Barack Obama el 13 de abril del presente año.
Otra de las sugerencias para que demandan de los Estados Unidos es que la embajada Americana dé informes apegados a la realidad y que no favorezca a algunas personas de poder en Honduras.
Además les instó a difundir y apoyar los campamentos de observación de los derechos humanos en Honduras, iniciativa que lleva adelante el Colectivo Italia-Centroamérica, CICA, y el COFADEH para que más personas se instalen en zonas en conflicto, pues para la institución se ha hecho insuficiente estar en todo el país.
También les informó sobre la posibilidad de que alguna persona adopte un caso de violación a derechos humanos, el cual consiste en apoyar a las familias víctimas, para demandar investigación a las autoridades locales, a modo que el hecho no quede en la impunidad.
Entre el grupo, Kathy Albrecht, comunicadora de Nuevo México, Estados Unidos, se mostró muy interesada en el caso de una mujer con siete hijos menores, cuyo esposo, Segundo López, está desaparecido, pero que los pobladores de la comunidad de Rigores, presumen que su cuerpo esté enterrado en los predios del terrateniente René Morales.
La comisión de 15 personas de la Alianza por la Justicia Global, regresa este martes 05 de julio a Estados Unidos, sin embargo parte de la información recabada en su visita a Honduras ya ha sido enviada a su país, para tomar medidas oportunas en defensa del pueblo hondureño violentado.
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